La movilización ciudadana puede y debe cambiar las cosas

Da la sensación de que la sociedad ha tomado un camino y la política otro. La presión social hizo que el PP aceptase la Iniciativa Legislativa Popular sobre los desahucios, pero en ningún momento hubo intención de asumir sus propuestas como la dación en pago retroactiva. El gobierno insiste en que debe haber un equilibrio entre la protección real del acreedor y el mercado hipotecario, para que este siga funcionando.

 Desde el principio buscaron la manera de llevar el texto a vía muerta en el Congreso con el menor coste político posible. El resultado es unir en un solo texto la ILP, el proyecto de ley que ya se tramitaba a instancias del Gobierno y las enmiendas de los grupos. Un nuevo engaño, un nuevo atentado contra la democracia. Y ahora se ha creado una cortina de humo para ocultar un poco el asunto, dándole protagonismo al “escrache”.

El escrache, esa manifestación pacifíca, que no es otra cosa que un intento por despertar conciencias adormecidas, y que tanta indignación provoca en nuestros políticos porque constituye una perturbación desproporcionada del derecho a la intimidad personal y familiar. Y como medida disuasoria y en tiempo récord (normalmente se demoran hasta tres meses), empiezan a llegar las multas a los participantes de estas manifestaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Es posible que el escrache constituya un atentado a los derechos fundamentales de los miembros del gobierno, pero entonces, qué sucede con el derecho de reunión, a manifestarse, a una vivienda digna…

¿Por qué la vivienda de los responsables de tanto deterioro es inviolable hasta el punto que no puede uno detenerse frente a su puerta y en cambio no lo son los domicilios  de las víctimas de los desahuciados?

T2A