¿Legalización? Parte 2

Retomo mi análisis sobre la posible legalización del consumo de cannabis por vía estatal. En el anterior post expliqué el intento del Gobierno uruguayo por legalizar el autoconsumo. Indiqué que los dos pilares en que se basaba esta legalización eran  ofrecer productos de mayor calidad que los ofrecidos en el mercado negro, pero a un precio inferior. Sin embargo, estas medidas “perfectas” para algunos tienen muchos inconvenientes.

Para empezar, la regulación del Gobierno de la distribución del consumo conlleva un control de la cantidad que consume cada persona. Lo que se está tratando de hacer es darle un carnet a cada consumidor de cannabis con el cual puede conseguir al mes una cantidad X de marihuana (cantidad aún por definir) con la que se cree que cualquier consumidor estaría satisfecho. Sin embargo, no se tiene en cuenta que siempre habrá consumidores que deseen más cantidad, y otros menos. Pongamos el ejemplo de que el Gobierno ofrece 50 gramos de cannabis  por mes a cada consumidor. Pongamos también por ejemplo a dos consumidores: uno acostumbrado a consumir 75 gramos por mes, y otro acostumbrado a consumir 25 gramos. ¿Quién asegura que el consumidor de 25 gramos no utilizará los 25 gramos que le sobran para satisfacer la necesidad del otro consumidor? De esta forma, el mercado negro nunca se cierra. Y todo esto sin tener en cuenta el gasto que tendría que asumir el Estado para producir el cannabis que va a vender. Evidentemente, en un comienzo, sería un gasto asumible, ya que cada consumidor pagaría por la cantidad de cannabis consumida. Sin embargo, la lógica dice que, al poner el Estado el producto a un precio inferior al del mercado negro, los traficantes bajarían el precio para que éste fuera inferior al que el Estado impone. Se entraría así en un círculo vicioso en el que el Estado bajaría los precios, y luego los traficantes lo harían, hasta que llegaría un punto en que los traficantes no podrían bajarlo más ya que dejaría de ser rentable, y todo el peso del abastecimiento del cannabis caería sobre el Estado. Esto llevaría a que las pérdidas que los traficantes no estén dispuestos a asumir las debería asumir el Estado. Es decir, los ciudadanos pagarían con sus impuestos el consumo de cannabis de otras personas. Creo que no hace falta ser un genio para darse cuenta de que no es una solución factible.

Giordano Mederos, Federico T4C S2B

Posted on 3 Maio, 2013, in Posts individuais and tagged . Bookmark the permalink. Deixar un comentario.

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